Para el legislador paraguayo esa deuda es una “deuda falsa, carente del mínimo asidero jurídico, y que hoy día ronda los 18 mil millones de dólares americanos, en concepto de moratorias en el cumplimiento del cronograma de trabajos, manipulación dolosa de la tarifa y dilación en la cancelación de los saldos a los organismos crediticios, abultado y espurio pasivo que los argentinos en el colmo de la osadía presionan por transferirlo a Paraguay.”
Para González Núñez la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 es ilegal. Ya que no cuenta con la aprobación parlamentaria de Paraguay. Es más, dicha Nota fue rechazada por el Senado paraguayo el 15 de junio de 1995. El Presidente de la Delegación Paraguaya recuerda que el Art. 141 de la Constitución Paraguaya dice “los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el artículo 137 C.N.”
La Presidencia de la Delegación de Paraguay en el Parlamento del Mercosur, “exige al actual gobierno a que en plazo inmediato reclame: A) la anulación de la descomunal deuda fraudulenta; B) la conducción paritaria de la entidad, atendiendo que desde un principio Argentina acaparó las direcciones administrativa, técnica y financiera; C) el manejo compartido, por parte iguales, del capital de la binacional; D) la conclusión de las obras complementarias pendientes en el lado paraguayo; E) la participación de empresas paraguayas, y F) el incremento sustancial del precio abonado por cesión de excedente energético, muy inferior a los valores del libre mercado, incluso orillando el costo de producción del fluido eléctrico, agravado por las exageradas demoras en los pagos que por lo general trasponen la barrera de los años.
Adjuntamos la nota completa de Alfonso González Núñez
