Elecciones 2025: Resiliencia democrática en América Latina y el Caribe
1. Introducción
Después de la intensa maratón electoral de 2024, que movilizó a más de 2 mil millones de electores en procesos nacionales y subnacionales alrededor del mundo —incluidos 8 de los 10 países más poblados del planeta: Bangladés, Brasil, India, Indonesia, México, Pakistán, Rusia y Estados Unidos—, América Latina, en 2025, compartirá con el Caribe un calendario electoral intenso, con 14 países llevando a cabo procesos electorales.
Por orden alfabético, los países con elecciones previstas son: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Habrá tanto elecciones nacionales como subnacionales, con características que varían ampliamente entre los países.
Figura 1 – Mapa electoral 2025 de América Latina y el Caribe.
Después de la intensa maratón electoral de 2024, que movilizó a más de 2 mil millones de electores en procesos nacionales y subnacionales alrededor del mundo —incluidos 8 de los 10 países más poblados del planeta: Bangladés, Brasil, India, Indonesia, México, Pakistán, Rusia y Estados Unidos—, América Latina, en 2025, compartirá con el Caribe un calendario electoral intenso, con 14 países llevando a cabo procesos electorales.
Por orden alfabético, los países con elecciones previstas son: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Habrá tanto elecciones nacionales como subnacionales, con características que varían ampliamente entre los países.
El V-Dem (Varieties of Democracy) [2], por ejemplo, señala que el nivel de democracia percibido por el ciudadano común ha retrocedido a los niveles de 1985, mientras que la media global de democracia por país ha vuelto a los niveles de 1998. Además, desde 2009, la proporción de la población mundial que vive en regímenes en proceso de autocratización superó a la de aquellos que residen en países en democratización. Estos retrocesos se han concentrado en regiones como Europa Oriental y Asia del Sur y Central, destacando dinámicas regionales que intensifican el declive democrático.
De manera similar, el informe Freedom in the World [3] (Freedom House) indica que, en 2024, los derechos políticos y las libertades civiles se redujeron en 52 países, mientras que solo 21 registraron avances. Elecciones marcadas por manipulaciones y violencia, así como conflictos armados, contribuyeron al debilitamiento de derechos fundamentales y agravaron las crisis humanitarias.
En contraposición, el Latinobarómetro, que analiza la situación de 18 países de América Latina, caracteriza el año 2024 como un período de resiliencia democrática en la región, ofreciendo una perspectiva más optimista. Según su último informe [4], “el año 2024 muestra que incluso los aspectos negativos de una década pueden ser revertidos”. Este análisis está directamente relacionado con un récord de expectativas positivas de la población sobre el futuro, a pesar de las dificultades enfrentadas por los países. Curiosamente, el informe observa una contradicción: mientras las personas creen en una mejora personal en el futuro, mantienen una visión más pesimista respecto al futuro de sus países, lo que refleja la complejidad del contexto regional.
El estudio sugiere que el proceso de deterioro democrático observado desde 2010 podría haber sido interrumpido y muestra indicios de reversión. El apoyo a la democracia en la región aumentó en cuatro puntos porcentuales, alcanzando el 52%, un dato significativo en el panorama reciente. Sin embargo, el informe destaca que América Latina aún enfrenta profundos desafíos estructurales acumulados a lo largo de cuatro décadas desde el inicio de su transición democrática, como la desigualdad social, la corrupción y la fragilidad institucional, que continúan limitando el potencial de avances más consistentes.
Aunque América Latina y el Caribe destacan como una excepción positiva en el escenario global de declive democrático, la región aún enfrenta desafíos estructurales significativos. Altos índices de pobreza, desigualdad social y la persistente informalidad económica —que afecta a la mitad de la población económicamente activa— limitan el potencial de crecimiento inclusivo y sostenible. Estos factores perpetúan la desconfianza en las instituciones democráticas y amplían las tensiones sociales, dificultando la consolidación de democracias más sólidas.
De acuerdo con el informe "Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024" [5], publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en diciembre de 2024, la baja creación de empleo, la elevada informalidad y las desigualdades de género en los mercados laborales siguen siendo problemas estructurales que obstaculizan el avance socioeconómico. Estos factores no solo comprometen la estabilidad económica, sino que también debilitan las bases democráticas de la región, alimentando la insatisfacción popular y reduciendo la confianza en las instituciones.
Según el documento, las economías de la región permanecen atrapadas en una "trampa de bajo crecimiento", caracterizada por tasas reducidas de expansión económica y una dinámica predominantemente sostenida por el consumo privado, con menor énfasis en la inversión productiva. Este modelo económico compromete la capacidad de los países para alcanzar una trayectoria sostenible y a largo plazo, agravando los problemas estructurales ya existentes.
América Latina y el Caribe enfrentan, en 2025, un escenario económico desafiante, caracterizado por lo que la Cepal define como una "trampa de baja capacidad de crecimiento". Las tasas de crecimiento proyectadas para 2025, del 2,4%, aunque superiores al promedio de la década de 2015 a 2024 (1,0%), siguen siendo insuficientes para reducir las disparidades económicas en relación con los países desarrollados.
A pesar de la desaceleración de la inflación en los últimos años —que pasó del 8,2% en 2022 al 3,4% en 2024—, persiste el riesgo de nuevas devaluaciones cambiarias en 2025. Si las monedas de la región vuelven a devaluarse frente al dólar, como ocurrió en 2024, el aumento de los precios de los productos importados podría ejercer presión sobre la inflación nuevamente, reduciendo aún más el poder adquisitivo de las poblaciones más vulnerables.
Además de la complejidad económica que enfrenta América Latina y el Caribe —marcada por alta inflación, inestabilidad cambiaria y elevados niveles de endeudamiento—, la región enfrenta desafíos estructurales aún más profundos. La violencia generalizada, la fragmentación política y la creciente desconfianza en las instituciones públicas evidencian la precariedad del escenario actual [6]. A pesar de estas adversidades, las instituciones democráticas han demostrado resiliencia al garantizar la realización de elecciones regulares.
Sin embargo, esta resiliencia, aunque notable, no puede analizarse de forma aislada ni únicamente desde una perspectiva procedimental. El mantenimiento de la democracia en 2025 requerirá más que la capacidad de sostener procesos electorales. Ante un escenario tan desafiante, surge la pregunta: ¿será esta resiliencia suficiente para mantenerse frente a crisis tan profundas y multifacéticas?
Este texto presenta un análisis descriptivo del panorama electoral de 2025. Al abordar los comicios previstos, se pone de manifiesto cómo la continuidad de los procesos electorales en medio de escenarios adversos refleja la resiliencia de las instituciones democráticas, pero también expone sus fragilidades. Comprender estas dinámicas es esencial para evaluar las implicaciones de estos procesos, tanto para la estabilidad regional como para su impacto en el escenario global, especialmente en un contexto de crecientes demandas por reformas estructurales y fortalecimiento institucional.
El PARLASUR y los procesos electorales el 2025
Los sistemas electorales en América Latina son tan diversos como los contextos históricos, culturales y sociales que han moldeado cada país. No hay dos sistemas exactamente iguales: algunos países adoptan regímenes presidencialistas, otros prefieren sistemas parlamentarios o híbridos, mientras que las formas de renovación legislativa y elección de representantes varían ampliamente.
Esta pluralidad también se refleja en la manera en que se llevan a cabo los procesos electorales. Hay países que renuevan todo el congreso nacional en una sola elección, otros que realizan solo renovaciones parciales y, en ciertos casos, los nuevos congresos tienen la responsabilidad de elegir de forma indirecta al presidente. Además, algunas naciones distinguen claramente los roles entre jefes de Estado y de gobierno, mientras que, en la mayoría de los casos, el presidente combina ambas funciones.
En lo que respecta a las elecciones primarias, en algunos países son obligatorias, mientras que en otros son facultativas o ni siquiera forman parte del sistema político. Esta diversidad subraya la complejidad de los procesos democráticos en la región, evidenciando que no existe un modelo único a replicar, sino diferentes enfoques que reflejan las particularidades de cada sociedad.
Por ello, la cooperación internacional y la observación electoral desempeñan un papel crucial. No solo garantizan la integridad y la transparencia de los procesos electorales, sino que también permiten análisis comparativos y estudios que ayudan a entender el estado de la democracia en la región.
Es fundamental destacar que las elecciones van más allá del día de la votación. Constituyen un proceso continuo que comienza mucho antes del día oficial del sufragio. En este contexto, el Parlamento del MERCOSUR, a través de su Observatorio de la Democracia (ODPM), monitorea de manera cuidadosa los calendarios electorales de los países miembros del bloque y también de las naciones que mantienen relaciones estrechas con el MERCOSUR.
Esta labor se realiza en colaboración con organismos electorales, entidades internacionales y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de promover y fortalecer los principios democráticos en la región.
Ante esta realidad, el PARLASUR reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y seguirá atento a los procesos electorales que dan forma a los rumbos políticos de América Latina. Siempre dispuesto a contribuir, su Observatorio continuará desempeñando un papel activo en la observación, análisis y apoyo a las instituciones democráticas, consolidándose como un aliado indispensable en la promoción de valores democráticos.
Alexandre Andreatta
Diretor Executivo do Observatório da Democracia no Parlamento do Mercosul (ODPM); bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Latino-Americana (UNILA); mestre em Ciência Política pela mesma universidade e bacharel em Direito pelo Instituto de Direito Público do DF (IDP).
observatorio@parlamentomercosur.org
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