Agencia PARLASUR (23/08/2022). Este martes (23), se realizó la Audiencia Pública, organizada por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR, centrada en las denuncias de violaciones de los Derechos Humanos a las comunidades indígenas y campesinas en Paraguay y, en tal contexto, analizar la realidad de familias campesinas, indígenas y urbanas que han sido víctimas o se encuentran en riesgo de ser víctimas de procesos de desalojos de las tierras que habitan en el Paraguay.
La Presidenta de la Comisión, Parlamentaria argentina Elena Corregido, agradeció la participación y explicó que un objetivo de esta Audiencia es dar seguimiento a los acuerdos internacionales vigentes en el campo de los Derechos Humanos, así como constatar las violaciones de Derechos Humanos formuladas en el seno del PARLASUR sobre desalojos violentos de comunidades indígenas y campesinas.
Al inicio, Dante Leguizamón, representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) presentó un Informe referente al análisis del contexto económico, político, social de los desalojos de las comunidades rurales. Al respecto, Leguizamón expuso que la CODEHUPY busca “visibilizar un conflicto y trabajo sobre la necesidad de pensar y llevar adelante procesos diferenciales donde los Derechos Humanos de las comunidades, en esa línea la CODEHUPY ha realizado seminarios sobre el tema (...) El contexto en el cual ocurren está marcado por la desigualdad existente, una brecha entre ricos y pobres, entre comunidades indígenas y no indígenas, una división donde la mayor carga del trabajo es para las mujeres, en Paraguay”, concluyendo que “este modelo económico productivo no es para todos”.
Por otro lado, Xavier Mena, representante adjunto de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU, expuso un Informe de Naciones Unidas sobre las presuntas violaciones de Derechos Humanos, presentando las cifras de las presuntas violaciones entre enero de 2018 y julio de 2022, al respecto detalló que “entre las principales variables estudiadas en el informe están las detenciones arbitrarias ilegales, así como el uso excesivo de la fuerza, los desalojos forzosos, el derecho a una vivienda adecuada, derechos a la reunión y asociación, derechos a la educación, la salud, a la vida y el respecto a la integridad física y mental”. Mena indicó que en total se enumeraron 94 presuntas violaciones, 76 contra población campesina y 24 contra población indígenas.
Por su parte, Yudith Rolón, en representación del Instituto Paraguayo del Indigena (INDI), indicó que están en permanentes acciones para impedir el desalojo de las comunidades indígenas y que las urgencias impiden, inclusive, llevar a cabo un trabajo planificado. A su vez, Dalila Ferreira, en nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), enumeró los trabajos para la regularización de tierras campesinas, a través de titulaciones.
Tras las intervenciones de las autoridades, se presentaron el testimonio de las distintas organizaciones campesinas e indígenas, haciendo uso de la palabra María Luisa Duarte, de Articulación Nacional de los Pueblos Indígenas por una Vida Digna (ANIVID), quien enfatizó que en los desalojos “somos garroteadas, sufrimos humillaciones e inclusive violaciones que no salen a la luz”, recalcó y subrayó también que, tras la promulgación de la “Ley Riera/Zabala”, de criminalización de las invasiones, los casos se han recrudecido, aspecto que fue mencionado en reiteradas ocasiones por diversas personas.
Por su parte, Marciano Jara, de la Pastoral Social de Concepción, lamentó lo que se está haciendo con el Paraguay, con ríos secos y montes deforestados, en un tipo de desarrollo que no lleva a buen puerto. También de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, Mario Rivarola, manifestó que “las leyes están de adorno” en este país y recordó el caso Hugua Poí, que ha sido desalojada varias veces, pese a poseer título de las tierras.
Asimismo, Ernesto Benítez, dirigente de San Pedro, denunció que los hechos ocurridos es un “genocidio, ecocidio y etnocidio” y que parte del genocidio ocurre con la utilización de “agrotóxicos”, que producen cáncer, haciendo que hoy día, sea la enfermedad número dos en el país, argumentando que hace veinte años estaba en el número diecisiete.
De igual forma participaron Isidora Bazán, de la Organización Campesina del Norte, Marta Figueredo, de la Organización por la Lucha por la Tierra, entre otros, quienes dieron testimonio y denunciaron atropellos que han sufrido sus organizaciones, con casos locales y mención a la situación general.
Por último, en el cierre del evento hicieron uso de la palabra los Parlamentarios del MERCOSUR, que participaron de la Audiencia, entre ellos, Elena Corregido, Presidenta de la Comisión (Argentina) y Gastón Harispe, (Argentina); Neri Olmedo (Paraguay) y Ricardo Canese (Paraguay); y Bettiana Díaz (Uruguay).
Al final de la reunión, el Parlamentario Ricardo Canese informó que, este miércoles 24, tienen previsto reunirse con autoridades del Poder Judicial, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), así como realizar una visita a la comunidad de Primero de Marzo, de Canindeyú, Paraguay.
