Comunicado de la Bancada Progresista del PARLASUR

Declaración de la Bancada Progresista del Parlasur

Montevideo - 31 de mayo de 2019

La Bancada Progresista del Parlamento del Mercosur (Parlasur) saluda a la nueva integración de parlamentarios y parlamentarias de la República Federativa de Brasil que se incorporan desde sus diferentes partidos como PT, PSOL y PCdoB a nuestra articulación de fuerzas políticas de izquierda, progresistas, nacional y populares en el PARLASUR.

Manifestamos nuestro apoyo a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner para presentarse en las próximas elecciones presidenciales en la República Argentina, y expresamos nuestro convencimiento de que será la vía para revertir el desastre económico, social, político y regional provocado por el Gobierno de Macri y Cambiemos.

Reiteramos nuestra denuncia a la decisión ilegal del actual gobierno argentino de no convocar a las elecciones de parlamentarios y parlamentarias para integrar el PARLASUR, decisión que vulnera la legislación electoral y el ordenamiento jurídico del país y de la región.

Hacemos un nuevo llamado al diálogo y la paz en Venezuela, apoyando las iniciativas como las que se desarrollan en Noruega, de negociación directa entre el gobierno y la oposición, asegurando el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial, el cese del hostigamiento y el amplio abanico de medidas coercitivas unilaterales económicas y financieras que impactan directamente en la población venezolana.

Denunciamos que diferentes actores como el representante de Guaidó en Estados Unidos, están impulsando la intervención militar directa del Comando Sur en Venezuela, y así lo han venido solicitando abiertamente con apoyo de algunos actores antidemocráticos y guerreristas en Colombia, Estados Unidos y del Grupo de Lima.

Precisamente, queremos hacer llegar nuestra solidaridad con los familiares de las decenas de personas perseguidas y muertas por el paramilitarismo en Colombia, así como denunciamos la inacción del Estado colombiano para garantizar la efectiva aplicación de la paz alcanzada, que ha generado persecución y hostigamiento permanente a militantes sociales, cobrándose la vida de más de 700 personas desde la firma del Acuerdo de Paz.