Por la Parlamentaria Lilian Galán
(Texto únicamente en el idioma original)
En medio de tantas noticias en el continente, de retroceso en derechos humanos, hoy queremos darle visibilidad a una situación que se agrava y persiste a lo largos de los años. Cerca de nosotros, a algunas horas de viaje, la realidad Campesina del Paraguay, otra vez, trata del desplazamiento de los trabajadores de la tierra, de los productores de alimentos, de los habitantes, de las familias campesinas.
En esta oportunidad, nos llega la denuncia de un desalojo a una comunidad campesina, una situación que se ha vuelto cotidiana y que lamentablemente es parte de la historia de un pueblo que lucha por su tierra.
Pongamos en contexto entonces las implicancias en torno a la tenencia del principal recurso económico y de enorme valor cultural para las grandes mayorías campesinas.
La tierra para la población campesina, la población rural del Paraguay es un recurso vital, que es parte no solo de la satisfacción de las necesidades económicas, sino también sociales y culturales. El campesinado visto como sujeto económico es una visión parcializada de la realidad una visión incompleta, la territorialidad campesina va más allá de una función económica, es parte de una cultura y de la reproducción social. Lejos de ser factores que sean contemplados hoy, en lo que hace al derecho, al habitat y al usufructo de la tierra, nos parecen elementos fundamentales que deberían cuestionar que derecho a la propiedad puede estar por encima de la vida y en su posibilidad de reproducirse social y culturalmente.
El avance de nuevos modelos económicos agroproductivos hoy amenaza y expulsa a las poblaciones y las coloca en disputa de la renta posible en esa función económica. Dándole un valor económico a un recurso como la tierra y a su ambiente solo considerando la posibilidad de una renta y ganancias, es decir los territorios solo en características económicas y sin considerar derechos sociales generados a lo largo de los años.
En particular hace unas semanas, segun información que nos acerca el abogado de la causa, en la localidad de Altos, compañía Yacaré, fueron desalojadas alrededor de 35 familias, de una comunidad campesina que comerciaba sus productos a través del Mercadito Campesino, un grupo de voluntarios que busca acercar el comercio justo y la alimentación saludable beneficiando a la población urbana y campesina. Este hecho llamó la atención a quienes semanalmente compraban sus productos en los puntos de venta, y tomó estado público a través de los medios de comunicación.
Como lo detalla el medio digital Ultima Hora, un operativo policial con 200 efectivos, una fiscal y un grupo de civiles no identificados llegaron a la comunidad para realizar el desalojo. Una vez desalojados por la fuerza, fueron detenidos quienes protestaron contra un procedimiento no era legal, siendo conducidos a dependencias policiales.
Más allá de que creemos que el problema de fondo es que derecho está por encima del derecho social y cultural de la comunidad sobre las tierras que viven, los referentes campesinos, manifestaron la nulidad del procedimiento además del desconocimiento a los procesos que ellos mismo habían comenzado bastante tiempo atrás para que el Estado reconozca de forma legal su usufructo. Para la comunidad la tierra es de origen estatal, presentaron la documentación y pidieron el fraccionamiento para poseer los titulos de forma legal ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
El Instituto continúa sin expedirse y el conflicto persiste con un terrateniente que reclama la herencia de toda la zona, aún así como decíamos fueron desalojados sin previo aviso de forma violenta, y le fueron quemadas todas sus pertenencias y cultivos, perdiéndolo todo.
Esta situación irregular, sin garantías parece ser el día a día en la realidad Campesina Paraguaya. Una situación similar se dio también en comunidades campesinas de la localidad de San Benito departamento de Itapúa, donde un grupo de familias jóvenes, que reclamaban el derecho a la tierra, fueron desalojadas e imputadas por invasión a la propiedad privada y daño al medio ambiente, donde uno de ellos en juicio fue procesado a dos años de prisión, concediéndole luego de unos meses la prisión domiciliaria.
Esta realidad de miles de personas que viven en el medio rural, se ha vuelto cotidiana en Paraguay como en otros países de Latinoamérica, no queremos que se naturalicen queremos seguir denunciándolas y haciéndolas parte de nuestras preocupaciones todas las violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Pido que mis palabras sean remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de Paraguay en nuestro país.
Al Parlasur
A Redes Amigos de la Tierra, miembros en Uruguay de Amigos de la Tierra Internacional.
A todo a la prensa nacional
Fuente: Intervención en la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay, 6 de setiembre de 2017.
