Con la incorporación de Bolivia como socio pleno del MERCOSUR, la hidrovía Paraguay/Paraná se constituye en patrimonio comunitario del bloque, una superficie fluvial de soberanía multinacional sujeta a la fluida inter cooperación entre copropietarios y beneficiarios, a fin de garantizar la travesía sin interferencias físicas y burocráticas a lo largo de su recorrido de 3.442 kms.
El nuevo secretario ejecutivo del Comité Intergubernamental que en teoría rige el usufructo de la hidrovía, el argentino Luis Niscovolos, hizo referencia en su reciente visita oficial a nuestro país del proyecto de revitalizar esa capital y estratégica artería de comunicación, acondicionándola para el óptimo cumplimiento de su propósito central cual es el transporte de contenedores y cargas hasta los puertos marítimos del océano Atlántico.
Este objetivo consensuado por las naciones componentes del mencionado organismo exhibe en los hechos un notorio desfase con el protocolo documental, visto la serie de obstáculos que la navegación comercial sobrelleva en el extenso tramo argentino, trecho sometido a la tiranía y al acoso de autoridades portuarias y efectivos de la Prefectura Naval, que con pertinacia inmutable entorpecen la libre circulación de mercancías desde y hacia los países vecinos, invocando órdenes superiores que en la generalidad de los casos carecen de sustento legal considerando que transgreden espíritu y letra de los convenios suscritos.
Paraguay, probablemente el mayor usuario de ese eje de la integración en el MERCOSUR, es el continuo afectado. Las permanentes y fundadas denuncias realizadas por armadores y empresarios compatriotas oprimidos por una represiva y mal encubierta política de Estado rioplatense dirigida a atorar el tránsito de bienes de los consocios, con la intención, justificadamente presumimos, de restarles competitividad al imponerles unilateralmente onerosos e ilegítimos tributos más arbitrarias demoras en los transbordos, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero, el deterioro irremediable de la producción perecedera, y lo que es peor, el descenso de la confianza de los importadores de ultramar traducida en la merma sustancial de la demanda.
El mencionado Niscovolos elude profundizar el hostigamiento que soporta la navegación en su trayecto por suelo argentino, afirmando que “hay tramos que son de soberanía nacional donde los países tienen facultades para establecer determinadas normativas y regulaciones”. Verdadero y aplicable cuando se trata de medidas que propendan a privilegiar el interés de las partes a partir de un enfoque colectivo, pero no hasta el punto de asediar discrecional y abusivamente a los convoyes, barcazas y remolcadores con banderas extranjeras, aunque el término extranjero se desvanece jurídicamente en los territorios gobernados por la supranacionalidad.
Alentamos las acciones participativas que como el dragado de canales, la corrección de sinuosidades riesgosas de las corrientes, el balizamiento y mantenimiento de los ríos, se orientan a perfeccionar los estándares de navegación, confiriendo seguridad, eficiencia, menores costos ambientales y ahorro en tiempo y metálico, empero rechazamos enérgicamente los manejos y maniobras que con vanas pretensiones de licitud defraudan el ideal de armonía y reciprocidad proclamados por el Tratado de la Cuenca Del Plata y Resoluciones Anexas, que allá por 1969, año de la firma del compromiso, definía a la hidrovía como la columna vertebral de la futura integración.
La Presidencia de la Delegación de Paraguay en el Parlamento del MERCOSUR, reclama enérgicamente una vez más que los Tratados y Acuerdos sean respetados, en este caso los de la Hidrovía y exhorta a que en la próxima cumbre de Jefes de Estado, a celebrarse en nuestra ciudad capital los días 14 y 15 de diciembre entrante, se tendrá que abordar sin tapujos esta persistente problemática que vulnera el libre intercambio, sabotea la tesis universal de facilitación del comercio a los países mediterráneos, desangra las economía más endebles, burla los postulados de la integración regional, y arremete contra lo estipulado por el derecho internacional.-
Octubre de 2015
Parlamentario ALFONSO GONZÁLEZ NÚÑEZ
Presidente
