En varios pronunciamientos dirigidos a la opinión pública nacional, regional y continental, y en intervenciones ante el pleno del Parlamento del MERCOSUR, la presidencia de la Delegación de Paraguay había alertado y advertido puntualmente sobre los temibles riesgos que conllevan la instalación de una planta nuclear en la aledaña provincia de Formosa, a escasos 15 kilómetros de la frontera con nuestro país.
El emprendimiento, que globalmente incluye el emplazamiento en la zona escogida de una planta procesadora de uranio, fue oficializado días atrás por la propia jefa de Estado argentina, Cristina de Kirchner, en una actitud altanera, provocativa y violatoria de la soberanía de una nación independiente, vecina y consocia, el Paraguay, con el agravante que representa la contravención ostensible e irreverente a las normativas internacionales que regulan el sector.
Es bien sabido que este tipo de iniciativas, para su puesta en marcha, exige la interconsulta formal entre los Estados involucrados, con la autorizada participación de la entidad rectora, el Organismo internacional de Energía Atómica (OIEA), a fin de elaborar un análisis técnico minucioso del impacto ambiental, poniéndose de manifiesto las amenazas que penden sobre el ecosistema circundante, visto que la liberación de residuos tóxicos, y ni que decir un accidente nuclear, podrán alterar, inclusive destruir, la biosfera en la superficie afectada, causando la mortandad o desaparición de especies enteras de los reinos animal y vegetal, más la devastación del suelo y los minerales subyacentes, a lo que se agrega la contaminación irreversible del agua potable.
La referida condición, normativamente inexcusable, jamás fue acatada por Argentina, pues es de dominio público que los voceros del Ejecutivo argentino siempre eludieron responder con franqueza a las requisitorias de sus pares compatriotas, negando rotundamente en principio la veracidad del proyecto y alegando, luego de conocerse la falsedad de sus respuestas, que el mismo no entraña peligro alguno para las extensas áreas. Tanta falacia proferida con descaro desmiente la seriedad con que deben conducirse las relaciones bilaterales entre repúblicas independientes y asociadas.
En simultáneo a las amenazas a la vida, cual factor pernicioso para la economía y la estabilidad social, el reactor nuclear y la planta de uranio incidirán adversamente en el comercio local e internacional, dado que las exportaciones nacionales de alimentos y anexos que se desplazan por el río Paraguay se exponen a no recibir la certificación de estar libre de radiación, con la consiguiente baja sensible en la cotización de tales productos, la eventual pérdida de florecientes mercados, quiebras empresariales, supresión de fuentes de empleo, aumento de la marginalidad y disminución de las recaudaciones fiscales.
La resistencia ciudadana al programa atómico es binacional. Importantes segmentos poblacionales de varias provincias argentinas, aliadas en idéntico propósito con sus similares paraguayos, no cesan de expresar con firmeza, determinación y absoluto conocimiento de causa, sus fundadas y legítimas protestas, razón más que suficiente para que esta presidencia prosiga con las denuncias, censurando a los responsables y encubridores, si los hubiere, y demandando una solución de fondo al complicado trance con su siniestra carga potencial de tragedias y miserias económicas.
En consecuencia, la Delegación Paraguaya en el Parlamento del Mercosur, reclama enérgicamente, una vez más, en nombre del pueblo paraguayo y de la colectividad del MERCOSUR, que el gobierno argentino deponga ese temperamento muy suyo de desoír y desairar en todos los ámbitos del quehacer comunitario los códigos universales que tutelan la interrelación de las naciones, en un mundo donde la integración solidaria y corporativa doblega y sustituye a la acción disgregadora de los obstinados infractores.-
Marzo de 2015
Parlamentario ALFONSO GONZÁLEZ NÚÑEZ
Presidente
