La decisión del Gobierno nacional de reajustar en insignificantes porcentajes el precio de la energía de la represa de Acaray suministrada a la Argentina, a partir del 1 de junio venidero, es sencilla y llanamente inadmisible e insostenible pues atenta directamente contra los intereses del país que hoy día, por su deprimente economía, no se halla en situación de comercializar su fluido eléctrico a costos considerablemente distanciados de las tarifas que rigen en el mercado.
Los aumentos dispuestos, en dólares estadounidenses, oscilan entre U$S 135 a U$S 180 (en horas de menor consumo), y de 165$ a 210$ (en horario de mayor consumo) el mega watt/hora, siendo la cotización actual en plaza de 450$ el MW/H. De acuerdo a los datos técnicos, Argentina exporta energía a Uruguay a una tarifa de U$S 430 y a al Brasil a U$S 457. El exiguo ajuste del 30%, tal cual se puede apreciar, ni tan siquiera linda con el 50% del importe con que se negocia la energía en la zona.
En montos estimativos, de U$S 14 millones que la ANDE percibe anualmente, desde la fecha anunciada embolsará U$S 20 millones, un módico incremento de U$S 6 millones, renunciando inexplicablemente a alrededor de U$S 14 millones, lo que hubiese sumado un total general de U$S 34 millones por año, si el reajuste fuere del 100%, en atención a los números que se manejan en libre competencia.
El Ejecutivo pretende estérilmente fundamentar la necia medida arguyendo el principio de solidaridad que debe primar entre los países miembros del MERCOSUR y habida cuenta que la Argentina “está con problemas energéticos y financieros”.
La Presidencia de la Delegación de Paraguay en el Parlamento del MERCOSUR reprueba la actitud entreguista del gobierno nacional que proclama la benevolencia entre pares del bloque regional cuando la propia Argentina cede su remanente energético al Uruguay al precio fijado por la Ley de la Oferta y la Demanda. ¿Acaso se percibe alguna contemplación para con uno de los componentes menores de nuestra alianza cuatripartita que es nuestro país? Obviamente, la contestación es NEGATIVA.
Como si el gobierno argentino se destacase por el saludable hábito de la reciprocidad y la fraterna cooperación en sus relaciones con el Paraguay, el gobierno de Fernando Lugo se compadece de las tribulaciones fiscales, del desfinanciamiento de las cuentas públicas y de la presunta carestía energética de Argentina. Que exhibición de filantropía para con la nación amiga, altruismo que con seguridad será retribuido espléndidamente. Valga la ironía, para el caso que nos ocupa.
Consultamos al gobierno nacional si la primer mandataria argentina manifiesta, aunque fuere por asomo, cierta señal de sensibilidad hacia las privaciones y restricciones que soporta el Paraguay a raíz de la denigrante y esclavizadora mediterraneidad, accidente geográfico que con insidia explotan las dos Repúblicas que nos circundan para lacerar impunemente y de diversas formas la soberanía nacional.
¿Algún entendimiento, por mínimo que fuere, se logró en las conversaciones para surtir de energía de Acaray al Uruguay a través de las redes de transmisión de la Argentina? ¿Algún avance, por diminuto que fuere, se observa en las tratativas tendientes a alivianar el proteccionismo lacerante? ¿Alguna moderación se trasunta en la resentida y hostil actitud de los sindicalistas portuarios? ¿Algún atisbo de justicia se vislumbra en los torcidos y arbitrarios manejos financieros, administrativos y técnicos de la hidroeléctrica de Yacyretá? La ciudadanía informada, bien conoce las respuestas a estas interrogantes.
En consecuencia, la Delegación Paraguaya en el Parlamento del Mercosur exige a las autoridades nacionales reclamar con firmeza al gobierno argentino resarcimientos inmediatos en todos los órdenes de la irritante bilateralidad, reparaciones que justifiquen esta concesión otorgada a la Argentina.
Mayo de 2012
Parlamentario ALFONSO GONZALEZ NÚÑEZ
Presidente
