Por imperio del Tratado suscripto entre ambos países, el Paraguay se obliga a ceder a la Argentina su producción ociosa de energía a un precio irrisorio, que agravia las condiciones de equilibrio que deben regir las relaciones de dos Estados que cada tanto se manifiestan unidos por lazos de hermandad y amistad, que en los hechos no resultan tan transparentes y reales.
El convenio bilateral argentino/paraguayo estipula que el 50% de la producción de la usina es propiedad del Paraguay, fuerza prácticamente inactiva que inevitablemente debe venderse al condómino, la República Argentina, a un costo reducido impuesto por ésta, muy por debajo del precio de mercado, y en condiciones de desembolso francamente desfavorables para el abastecedor, en este caso nuestro país.
Insistimos, como lo venimos haciendo desde hace varios años en cuantos foros internacionales tomamos parte, que la libre disponibilidad y comercialización de nuestro remanente energético en Yacyretá, es un justo derecho que reclamamos sea honrado, más temprano que tarde, por el gobierno argentino, nada proclive a sostener los ideales de fraternidad y cooperación que identifica en la locución oral y escrita, no así en los actos, a nuestra alianza regional.
Además de impedir la venta de energía disponible, que no utiliza el Paraguay, la Argentina pretende que el Tesoro paraguayo asuma los costos de un endeudamiento originado por las desprolijidades incurridas por autoridades del vecino país, que por ineficiencia, dejaron crecer, en más de 6 mil millones de dólares durante los últimos años, la deuda total de la binacional.
Si a esta irracionalidad se agrega: que las obras complementarias siguen inconclusas; que una deuda, para nosotros inexistente, se pretende atribuirla en partes iguales al Paraguay, y que en cuarenta años no contamos con una central hidroeléctrica ajustada a niveles de producción rentable, estos hechos incontrovertibles evidencian que Yacyretá sigue siendo un gran negocio para nuestro socio y un pesado gravamen para el interés nacional.
