La Delegación Paraguaya del Parlamento del Mercosur en su indelegable deber de precautelar y hacer observar las bases fundamentales del vigente sistema normativo del Mercosur, señala a las autoridades nacionales y a la población en general sobre el grave error que se cometería si se sustituyese la actual cláusula democrática establecida en el Protocolo de Ushuaia desde 1998, por la determinada, en un convenio suscrito por la Unasur el año pasado en Guyana y que aún no fue ratificada por el Paraguay.
En efecto, la paz regional y la defensa del sistema democrático son bienes públicos regionales de elevada significación y de estricto cumplimiento. Es más, es uno de los pocos activos y hechos positivos que registra el Mercosur y que en nuestro país, en más de una oportunidad, la aplicación pacífica y la oportuna comunicación política han sido de valiosa utilidad para la institucionalidad republicana.
El MERCOSUR, vía Protocolo de Ushuaia, define con precisión y al margen de ambigüedades o sofismas, que en caso de ruptura del orden democrático en un Estado Parte y previa constatación exhaustiva de la anomalía, se aplicarán por consenso las medidas acordes a la gravedad de la situación existente, las que "abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".
Lo que pretende la "cláusula Unasur" es que la defensa de la democracia se desborde y sea el pretexto jurídico y fáctico para el cierre de fronteras, la suspensión o la limitación de las comunicaciones, energía y otros servicios, que en la práctica, constituyen una agraviante disminución de la soberanía del Estado afectado y el consecuente sometimiento a los mandatos de otros Estados, que inmediatamente, nos traen a la memoria los desgraciados episodios del "intervencionismo" de mediados del siglo XX, que más tiene de colonialismo y de imperialismo que de vigencia de la libertad.
Imaginen la diferencia de contenido e intenciones entre las sanciones establecidas por el MERCOSUR y las instituidas por la UNASUR. Mientras las primeras se ciñen estrictamente al marco regulatorio de los procesos de integración regionales; las segundas, en consonancia con los más severos códigos penales de la antigüedad, amenazan con aislar a los hipotéticos Estados infractores.
En consecuencia, la Presidencia de la Delegación de Paraguay en el Parlamento del MERCOSUR, en esta alarmante encrucijada que peligra la supervivencia misma de nuestra nacionalidad, exhorta a la población, y en especial a la clase política, a que de inmediato, organizadamente y con el siempre vigoroso acompañamiento de la prensa censuren e impugnen pública e implacablemente este intento de avasallar la independencia de los Estados soberanos.-
Julio de 2011
Parlamentario ALFONSO GONZALEZ NUÑEZ
Presidente
Delegación de Paraguay
Parlamento del MERCOSUR
