Opinión Parlamentaria (03/11/2017). El libre y normal desplazamiento de personas hacia la Argentina desde Paraguay soporta restricciones ordenadas por la burocracia federal a los efectos de supuestamente contrarrestar el ingreso al país de individuos con antecedentes penales y sujetos vinculados al crimen en sus diversas manifestaciones, a estar por un decreto emitido por el gobierno central de Buenos Aires.Nadie en su sano juicio podrá cuestionar la legitimidad y legalidad de este tipo de medidas preventivas dirigidas a impedir el ingreso a un territorio soberano de personas que posean cuentas pendientes con la justicia y sobre quienes pesa el agravante de penas privativas de libertad.
Pero de ahí a generalizar la disposición extendiendo arbitrariamente la prohibición a ciudadanos paraguayos que habitualmente justifican su ida a la vecina república para desarrollar actividades comerciales, efectuar trámites, y visitar a parientes y amigos, constituye una actitud inconsistente e infundada que vulnera los más elementales principios de coexistencia armónica entre naciones limítrofes ligadas por el lazo de la integración regional.
Excusas absurdas como la caducidad del seguro del automotor, entre otras rarezas, son esgrimidas por las autoridades migratorias para frenar e incluso expulsar de tierras argentinas a compatriotas de constatada honradez, según informa un alto vocero de la Gobernación de Itapúa, quien agrega que superan los 80 el número de afectados por la inicua providencia, tendiendo a aumentar de manera constante y sostenida.
La situación empeora ostensiblemente cuando al rechazo de permanecer en suelo rioplatense por cuestiones insignificantes exceptuadas de la competencia judicial, se adosa la suspensión de entrada al país por espacio de 5 años, una grotesca y cínica burla al Derecho Comunitario y a las normativas colectivas que garantizan el libre tránsito peatonal y vehicular por la geografía del MERCOSUR.
Apenas transcurridos algunos días de la abusiva imposición de sobrecostos y recargos al servicio de balsas por el río Paraguay los fines de semana y feriados, que cobra vigencia a partir del 21 de octubre último, y nuevamente nos hallamos ante otro desatino que, tal cual expresamos en el pronunciamiento anterior, atenta directamente contra los actuales esfuerzos consensuados por lograr una integración auténtica y no hipócrita, redimida de los lastres del proteccionismo y el aislacionismo anticuado y regresivo.
Por tanto, la Presidencia de la Delegación de Paraguay en el Parlamento del MERCOSUR reclama con firmeza una vez más el respeto irrestricto al Artículo 1° del Tratado de Asunción, para el libre tránsito de personas y mercancías, exigiendo al gobierno nacional de nuestro país que sin más trámite e inmediatamente logre el revocamiento de las polémicas prescripciones que unilateral e inconsultamente clausuran en los hechos la frontera con Paraguay, incidentes que no sería aventurado presagiar que trasciendan a renglón seguido al plano comercial, obstruyendo el intercambio, y perjudicando particularmente las exportaciones paraguayas, malogrando así las aún insuficientes consecuciones en materia de levantamiento de barreras extra arancelarias.-
Noviembre 2017
Parlamentario ALFONSO GONZÁLEZ NÚÑEZ
Presidente
