La decisión del presidente argentino, Mauricio Macri, de flexibilizar las cargas tributarias a la exportación agro ganadera, eliminando algunos gravámenes y rebajando otros, tanto en la producción primaria como industrial, es una providencia dirigida a desmontar la política de altas retenciones impositivas ejecutadas por el gobierno saliente, mediante la cual incrementaron las recaudaciones para el fisco a expensas del sacrificio económico impuesto a sus compatriotas exportadores.
El empresariado del vecino país ligado al comercio de las ventas al exterior con legitimidad canta su alborozo, dado la inminente reducción de costos, lo que vendría aparejado con el alza de la producción en volumen, calidad, precios competitivos, y lo primordial, el rescate de antiguos mercados y la conquista de nuevas plazas. El libre mercado recupera territorio en la segunda potencia del MERCOSUR, empezando por casa, como es lógico suponer.
No obstante, para que el intercambio internacional aflore totalmente emancipado de Medidas No Arancelarias (MNA), aquellas disposiciones aduaneras que tornan prácticamente prohibitivos el ingreso de bienes a determinados países, será ineludible que Argentina complete el trabajo, enmendando la otra mitad faltante, ese 50% relativo a las importaciones, área donde los agentes vinculados a las compras soportan un auténtico calvario a causa de las muy tristemente célebres y nocivas Licencia Previa de Importación (LPI) y Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI).
Estas dos creaciones estelares del proteccionismo a ultranza provocan padecimientos financieros por partida doble, a importadores y exportadores. La LPI consiste en la exigencia de presentar documentaciones adicionales de las requeridas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en materia importadora, dilatando excesivamente, y en muchos casos abortando, las transacciones entre los actores, ocasionando multimillonarios quebrantos a ambos gremios. Paraguay es testigo y damnificado predilecto en la región.
Su par, la DJAI, obliga a los importadores a en primer término exhibir el pertinente manifiesto de intención con anterioridad incluso a las negociaciones con las contrapartes, los exportadores, que a más de la pérdida de tiempo supone la contingencia del rechazo o autorización restringida para el inicio de las tratativas. Paraguay también es testigo y damnificado predilecto en la región.
Al suprimirse en Argentina las tasas a la exportación de maíz, trigo, carne vacuna y manufacturas conexas, más la reducción en un 5% de los cánones a la soja, forzará a nuestro país a adoptar previsiones complementarias para conservar sus mercados, particularmente en lo concerniente al rubro cárnico y a la oleaginosa, puntales de la economía nacional.
El Ejecutivo de Buenos Aires opera conforme a derecho, conteste a lo establecido en su programa de acción, y mirando la conveniencia de su patria desde su privativo enfoque. No debe olvidar, sin embargo, que es parte de una colectividad de repúblicas soberanas, el MERCOSUR, y cualquier mandato interno en asuntos que involucre la supranacionalidad tendrá que precautelar no solo los intereses de los suyos sino a la par el de los consocios individualmente considerados y del conjunto.
En tal sentido, la Presidencia de la Delegación de Paraguay en el Parlamento del MERCOSUR insta al gobierno hermano de la República Argentina a que participe con su influyente posición política para desarraigar de la zona los resabios que entorpecen y hasta anulan el objetivo insignia de la globalización: el libre movimiento comercial por los espacios compartidos, entendido como la desaparición de los obstáculos fronterizos, aduaneros, portuarios y de circulación terrestre, fluvial y marítima.-
La Derogación o atenuación significativa de la LPI y la DJAI comportará una saludable abjuración del pasado reciente, una patente muestra de buena voluntad, apego a la integración, y observancia de los postulados y códigos que rigen las relaciones en un mundo dominado por la comunicación y la interdependencia.-
Diciembre de 2015
Parlamentario ALFONSO GONZÁLEZ NÚÑEZ
Presidente