Cooperación regional para prevenir la trata de personas y proteger a las víctimas
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que tiene lugar cada 30 de julio, el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) destaca la necesidad de fortalecer la respuesta regional frente a este delito, mediante acciones coordinadas de prevención, control fronterizo, persecución penal y protección integral de las víctimas.
La trata de personas constituye una grave violación de los derechos humanos y puede afectar a los países como lugares de origen, tránsito o destino. Las redes criminales recurren al engaño, la coerción, el abuso de situaciones de vulnerabilidad, las falsas ofertas de empleo y otras formas de captación con fines de explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre, extracción de órganos o criminalidad forzada.
Ante el carácter transnacional de este delito, el PARLASUR aprobó la Recomendación n°02/2018, presentada durante el mandato anterior por los Parlamentarios Cecilia Britto y Eduardo Nicoletti, integrantes de la Delegación Argentina.
La iniciativa propuso que los Estados Partes y Asociados otorgaran carácter prioritario a la prevención y el combate a la trata de personas e incorporaran a sus legislaciones nacionales un protocolo regional para abordar integralmente esta problemática.
Coordinación regional y actuación en las fronteras
Entre las principales medidas, la Recomendación planteó la creación de una comisión especial integrada por parlamentarios, representantes de los organismos nacionales competentes y especialistas. Este espacio tendría a su cargo la coordinación, el seguimiento y la promoción de acciones conjuntas contra la trata de personas en la región.
El proyecto también propuso establecer mecanismos de cooperación y comunicación directa entre las autoridades fronterizas, con el propósito de agilizar la identificación de posibles casos, el intercambio de información y la asistencia a las víctimas.
Asimismo, contempló la formación permanente de agentes migratorios, fuerzas de seguridad y demás funcionarios que actúan en las fronteras. La capacitación resulta fundamental para reconocer indicios de trata, detectar documentos irregulares, identificar situaciones de coerción y actuar sin exponer a las personas afectadas a nuevos daños.
La Recomendación incluyó, además, el desarrollo de campañas regionales de información y prevención para que la ciudadanía pueda reconocer las formas de captación utilizadas por las redes criminales y conocer los canales disponibles para realizar denuncias.
Métodos de captación que adquieren nuevas modalidades
El instrumento aprobado por el PARLASUR ya advertía sobre el uso de falsas ofertas laborales, el engaño respecto de las condiciones de empleo, la imposición de deudas, la retención de documentos, las amenazas y el traslado de las víctimas a otros países.
Actualmente, estas prácticas también aparecen vinculadas con formas de explotación facilitadas por las tecnologías digitales. Una modalidad que ha adquirido creciente visibilidad consiste en captar personas mediante anuncios de trabajo falsos para luego confinarlas y obligarlas a participar en operaciones de fraude en línea.
Las víctimas pueden ser forzadas a realizar estafas románticas, fraudes con criptomonedas y otros engaños digitales dirigidos a personas de distintos países. En muchos casos, permanecen bajo vigilancia constante y son sometidas a violencia, amenazas, servidumbre por deudas y exigencias de cumplimiento de cuotas.
Esta forma de trata con fines de criminalidad forzada se encuentra asociada con la ciberdelincuencia, el fraude financiero, el blanqueo de capitales, la corrupción y otras manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional.
Datos internacionales muestran la magnitud del problema. Entre 2019 y 2022, el número de víctimas de trata detectadas en el mundo aumentó un 25%, mientras que los casos identificados con fines de trabajo forzado crecieron un 47%. En 2022, el 42% de las víctimas detectadas había sido sometido a trabajo forzado y el 36%, a explotación sexual.
En América del Sur, el trabajo forzado representó el 55% de las formas de explotación detectadas. Este escenario evidencia la importancia de reforzar las capacidades regionales de prevención, investigación, identificación de las víctimas y persecución de las organizaciones responsables.
Protección integral y prevención de la revictimización
Uno de los aspectos centrales de la Recomendación aprobada por el PARLASUR es la protección de las personas afectadas. La propuesta estableció que la actuación de las autoridades debe evitar la revictimización y garantizar el respeto de los derechos humanos durante todas las etapas de identificación, rescate, asistencia y recuperación.
El instrumento planteó asegurar la confidencialidad de la información y proporcionar asistencia médica, psicológica, social y jurídica. También contempló el retorno voluntario asistido, cuando corresponda, y la adopción de medidas de reinserción educativa, social y laboral.
La iniciativa sostuvo, además, que los países deben avanzar en la armonización de sus legislaciones penales para reducir diferencias normativas que puedan dificultar las investigaciones, los procesos judiciales y la cooperación transfronteriza.
Esta perspectiva reconoce que enfrentar la trata no se limita a identificar y sancionar a los responsables. También requiere garantizar que las víctimas sean protegidas, reciban atención especializada y cuenten con condiciones para reconstruir sus proyectos de vida.
Buenas prácticas para atender a las víctimas
El Parlamento también aprobó, el 17 de junio de 2019, la Declaración n°12/2019, presentada durante el mandato anterior por el Parlamentario Alberto Asseff, de la Delegación Argentina.
La Declaración consideró de interés del PARLASUR el Manual Básico de Buenas Prácticas para la Atención de Víctimas de Trata de Personas y Violencia de Género. El documento destacó la necesidad de contar con un sistema integral de protección y asistencia directa.
Asimismo, subrayó la importancia de coordinar la actuación de las instituciones públicas, la justicia, las fuerzas de seguridad y los agentes policiales de frontera, especialmente durante la identificación, el rescate y la atención de las personas afectadas.
Una respuesta regional frente a un delito transnacional
La expansión de las modalidades digitales demuestra que la trata de personas puede transformarse y vincularse con otros delitos que atraviesan las fronteras. Frente a esta realidad, resulta necesario fortalecer las investigaciones especializadas, el intercambio de información, la obtención de pruebas electrónicas y la cooperación judicial y policial entre los países.
Las iniciativas aprobadas por el PARLASUR proponen una respuesta regional basada en la prevención, la coordinación institucional, la capacitación de los agentes públicos, la protección integral de las víctimas y la adecuación de las legislaciones nacionales.
Dar visibilidad a este delito, reconocer sus nuevas modalidades y fortalecer la cooperación regional son pasos fundamentales para prevenir la captación de nuevas víctimas, desarticular las redes criminales y garantizar una actuación centrada en los derechos humanos.